Por
Leonardo Horacio Días
Juez
de Casación Penal
En
tutela de la salud de la República, las autoridades encargadas encargadas de "hacer
justicia" no pueden a la vez participar de su reclamo por vías de hecho,
no institucionales, tal como lo son las manifestaciones populares. Fiscales y Jueces
formando parte de una marcha que reclama justicia, es algo así como un ministro
de Economía promoviendo una marcha para bajar la inflación o una de comisarios
reclamando seguridad.
Biografía
del autor
Horacio Días nació en Lanús - es fanático del equipo
granate - y estudió abogacía en la Universidad de Lomas de Zamora. En el
Juzgado de Instrucción N° 3 de esa jurisdicción dio sus primeros pasos
laborales: desde auxiliar a prosecretario administrativo. En plena década del
’90, cuando ingresó al poder judicial y las apariencias primaban en el seno de
esa cofradía, Horacio Leonardo Días era un joven oficial que usaba el pelo
largo hasta la cintura - lo ataba con una cola de caballo - y zapatillas All
Stars blancas, no siempre impecables. Si había un recital de los Redonditos de
Ricota, jamás faltaba.
De Lomas, Horacio Días emigró a San Martín. Fue
secretario de la sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, juez
correccional y subrogó los Tribunales Orales en lo Criminal N° 3 y N° 6.
En este último jurado, participó de uno de los juicios
más sonados de corrupción política de San Martín: un desvío de cien millones de
pesos a favor del constructor duhaldista Victorio Gualtieri, en el que
aparecían involucrados dos ex intendentes - Pablo Landolfi y Antonio Libonatti
- y 36 concejales del PJ y la UCR. El fallo fue absolutorio para los concejales
y el ex intendente Landolfi, apenas una condena leve para Libonatti por un
cargo menor. El votó en minoría por la condena de todos a las máximas penas
Días edificó una sólida trayectoria académica: estudió
filosofía, griego, latín y alemán. Es discípulo del académico penalista Edgardo
Donna. Las fuentes consultadas destacan su solidez doctrinaria y jurídica.
En 2005 concursó por el Tribunal Oral N° 21, sin
sospechar que ocho años más tarde sería el jurado sorteado para juzgar uno de
los crímenes políticos más impactantes de la última década, el de Mariano
Ferreyra. El 19 de abril sorprendió al micromundo judicial con una explicación
llana y sin machetes, en la que anticipó la condena al sindicalista José
Pedraza a 15 años de prisión, y a otros 16 cómplices y policías, por el
asesinato del joven militante.
Artículo del autor publicado en el Diario La Nación el 17 de febrero de 2015
El
hecho de salir a marchar por las calles, como fenómeno social, es una
experiencia que aparece cuando la sociedad percibe la incapacidad del Estado
para cumplir con sus fines, es la expresión de una decepción que reclama una
reacción de las autoridades, a fin de cuentas es un ejercicio de fuerza, una
forma de protesta que les da voz a quienes no se sienten escuchados.
Una
sociedad debidamente organizada, con instituciones que cumplan cabalmente con
sus funciones, no sabe de marchas, pues éstas simbolizan un estado de cosas
injusto, configuran un síntoma de que algo no anda bien.
Las
Madres de Plaza de Mayo hicieron sus marchas en la plaza después de que los
hábeas corpus no tuvieron respuestas en los estrados judiciales; marcharon y
marchan los trabajadores cuando pierden injustamente sus empleos; los que no
tienen casa en reclamo de una vivienda digna; los jubilados para que se
actualicen sus haberes; los docentes en reclamo de sus magros salarios, y
últimamente marchan las víctimas de delitos comunes implorando una justicia que
las repare.
En
suma, el hecho de marchar por las calles es indicador del debilitamiento del
Estado de Derecho, ya que deviene tras la impotencia de sus canales
institucionales para brindar respuesta satisfactoria a la ciudadanía.
Por
ello, toda marcha, quiérase o no, lleva consigo una relación de comunicación,
un mensaje más o menos claro con un destinatario definido: aquel a quien compete
reaccionar y dar respuesta.
Así
entonces, si este último se corre y abraza a los marchantes, o incluso más, los
promueve, el resultado que se sigue es que ya no habrá destinatario del
comunicado, ya no habrá sujeto obligado a traer las soluciones, y el reclamo
será un grito al vacío.
Mañana
por la tarde, un grupo de fiscales y también algunos jueces de la Nación, tras
el trágico fallecimiento de un colega en circunstancias que aún no han sido
debidamente esclarecidas, promueven una marcha como forma de homenaje e invitan
a la ciudadanía entera a participar.
Como
era previsible, quienes se acoplan lo hacen con el sano cometido de que se haga
justicia, que se esclarezca el hecho, que no se repita, que no haya impunidad y
que se fortalezca la independencia judicial.
O
sea, inevitablemente el homenaje devino en un reclamo de justicia, una tarea de
competencia exclusiva y excluyente de la función judicial en lo penal.
Por
lo tanto, es de toda evidencia que, en tutela de la salud de la República, las autoridades
encargadas de "hacer justicia" no pueden a la vez participar de su
reclamo por vías de hecho, no institucionales, tal como lo son las
manifestaciones populares.
De
ser así, y más allá de la efervescencia coyuntural, el mensaje como sociedad
organizada es negativo, pues ya no particulares sino ahora las autoridades son
las que "en marcha" encarnan la expresión en silencio de un
agotamiento institucional.
Se
ha reconocido que es un hecho inédito.
Justamente, fiscales y jueces
formando parte de una marcha que reclama justicia, es algo así como un ministro
de Economía promoviendo una marcha para bajar la inflación. El
riesgo que se corre es que la comunidad interprete que ya no es posible
administrar justicia. Y esto es lo que debe prevenirse.
No
es apropiado que quienes representamos a los poderes del Estado emulemos las
prácticas sociales de la decepción; por el contrario, nuestra tarea consiste en
crear nuevos puentes institucionales que posibiliten reencauzarla siempre
dentro de la legalidad estatal, desalentando las vías de hecho.
Los jueces y fiscales somos el
último bastión de la racionalidad y de la pacificación de nuestra sociedad.
Debemos preservarnos, nuestro lugar no está en las calles, sino en los
tribunales de justicia, para hacer nuestra delicada tarea.
