“Si los clubes están exentos de
pagar impuestos porque son sociedades civiles sin fines de lucro¿ por qué le
deben tanto dinero a la AFIP ?”
El fútbol es el único ámbito
donde la palabra ajuste no resulta del todo antipática. Ahí está Europa
cayéndose a pedazos para corroborar la impopularidad del sustantivo. Y la mano
dura y tolerancia cero para los que se oponen a su aplicación. En la tierra criolla
del “todo pasa” ya se habla de hacer lo mismo porque los clubes le deben a cada
santo una vela. Los dirigentes ni se mosquean. Saben que tienen la cola a la
intemperie y que en cualquier momento les dan un shot ahí donde todos nos
imaginamos.
Un hombre muy próximo a Julio
Grondona resume la situación con una deducción lógica: “Si los clubes están exentos de pagar impuestos porque son sociedades
civiles sin fines de lucro¿ por qué
le deben tanto dinero a la AFIP ?”
La deuda total del fútbol llega a
275 millones de pesos, sólo con la AFIP. La cifra queda muy expuesta porque el
gobierno nacional a través del programa Fútbol Para Todos aumentó el
financiamiento a los clubes en un 35% con la suma de 225 millones de pesos. Si
se suma lo que le deben y lo que les dió como mejora del contrato de derechos
televisivos, son 500 millones de pesos.
El despilfarro queda a la vista y
por eso se anunció una batería de controles. Si se cumplirán o no dependerá de
la voluntad de los propios directivos infractores (que según la política
internacional de la FIFA, solo pueden ser juzgados a sí mismos en el Comité
Ejecutivo de la AFA) y de que el Estado los ponga en caja. La historia que
vamos a contar tiene un final abierto. Pero la calentura de la Presidenta con Grondona
sigue creciendo y se teme vuele todo por los aires.
Se reunieron una vez más Grondona
y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. La diferencia con respecto a
encuentros anteriores es que este último no se filtró a los medios. El viejo
dirigente se hizo acompañar por sus asesores impositivos Reinaldo Baisplelt y
Marcelo Martín. Las partes acordaron que, de ahora en más, los clubes deberán
concurrir a la AFIP para informar su estado de deuda y ponerse al día.
La AFA ya no hará más de
amortiguador, aunque le debe al Estado más que cualquiera de sus entidades
afiliadas: la deuda de la AFA con la AFIP es de $ 47.756.468 pesos, según un
detallado informe que se conoció a comienzos del año pasado, 2012. River, el
más endeudado, tendría que desembolsar a la AFIP $ 24.477.185. Boca, que lo
sigue en la lista de morosos, $ 22.366.274. Estos datos que publicó la prensa
oficialista (Página/12, Tiempo Argentina, Miradas al Sur) fueron ignorados por
la gran prensa local como Clarín y La Nación, en una clara maniobra de blindaje
mediático al mandamás de Sarandí, que sintiéndose ahora amenazado por el
gobierno nacional corrió a buscar
protección en Magneto y Mitre, quines se la concedieron porque parece que, esta
vez sí, habrá castigos para los dirigentes irresponsables que firman
compromisos que después no pueden o no quieren cumplir: contratos de
futbolistas con los impuestos a cargo de los clubes o dolarizados son los más
frecuentes.
Este tipo de maniobras son las
que –dicen los que se animan a tirar la primera piedra– se van a “juzgar con
más severidad”. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, cree que sí: “el
reglamento se va a aplicar a rajatabla, y el que no esté con las cuentas en
orden va a ser desafiliado y jugará sin sumar puntos”, asegura.
Si sus palabras sonaron a
advertencia, las de un asesor de Grondona en plena navegación hacia las cálidas
aguas del gobierno nacional en lugar de las ahora tormentosas y frías de la
calle Viamonte expreso: “se va a aplicar el famoso tema del libre deuda con AFA
y con la AFIP. El que no esté al día se va al descenso”. Como chicos en un
recreo, deben ser varios los dirigentes históricos que especulan con una frase
de la primera infancia: “Mirá cómo
tiemblo”.
Un abogado especializado en
litigios del fútbol los describe con cierto candor: “son unos estúpidos, siguen
firmando esos contratos perjudiciales para sus clubes por desconocimiento”. Ni
tan tontos ni tan taimados, los irresponsables están cada vez más cercados. En verano
ya se había dado a conocer la resolución Nº 32 de la Unidad de Información
Financiera (UIF) mediante la cual los clubes de la Primera División y Primera B
Nacional, más los representantes de jugadores, deberán informar ante ese
organismo las operaciones de venta o préstamo de futbolistas que superen los 60
mil pesos anuales.
La resolución de la UIF sostiene
que “la afluencia internacional de dinero
corre el riesgo de caer fuera del control de organizaciones nacionales y
futbolísticas, ya que los flujos de fondos circulan dentro y fuera de paraísos
fiscales y/o comprenden muchos países”.
Esto pasa hace años o está
sucediendo ahora, a cualquier hora y en cualquier lugar. Nadie controla nada.
Tarde piaron en la Unidad que conduce José Sbatella. Está claro que el
sostenido crecimiento del mercado de pases multiplicó las posibilidades de que
se concrete “el ocultamiento de
actividades fraudulentas, en particular en la medida en que las operaciones y
actividades delictivas se lleven a cabo en el exterior”.
En el libro Fútbol limpio,
negocios turbios, de 2002, se describe un caso emblemático que vale la pena
tomar en cuenta hoy:
“Resulta que un día de febrero
del ‘97, la entidad de Núñez y el Valencia acordaron negociar la ficha del
Burrito Ortega en Buenos Aires. Las informaciones periodísticas de entonces
daban cuenta que el delantero se vendía a cambio de 16.000.000 de dólares. La
envergadura de la operación y la calidad de ídolo que tiene Ortega hicieron que
hasta los más mínimos detalles de la transferencia fueran publicados en todos
los medios. Persuadidos del leading case que tenían en sus manos, los sabuesos
de la ex DGI intentaron concurrir a la firma del acuerdo. Pero cometieron una
ingenuidad. Les hicieron saber por escrito a los dirigentes de River que
deseaban estar presentes en el acto para asesorarlos sobre los impuestos que
debían tributar las partes y cobrarlos en el mismo instante, de ser posible. O
sea, se referían al jugador y los intermediarios que habían participado, ya que
el club, en su carácter de asociación civil, no paga gravámenes.
La gestión tuvo como respuesta
una burda maniobra. La reunión entre españoles y riverplatenses cambió de
escenario. Se produjo en Río de Janeiro, un sitio que colocaba a resguardo de
controles molestos a los negociadores. Pese a ello, la AFIP consiguió que el
jugador abonara los impuestos correspondientes tras comunicarle al padre que,
si no lo hacía, podría ser detenido en Ezeiza a su regreso al país. Los
inspectores, en cambio, no pudieron cumplir su cometido con el intermediario
que llevó la mejor parte en la operación: el ítalo-argentino Antonio Caliendo,
representante del propio Ortega.
Caliendo, según la pesquisa que
llevaron adelante los funcionarios nacionales, depositó su dinero en una
sociedad off shore con sede en las Islas Vírgenes, un lugar donde los rastros
del dinero se pierden como en otros paraísos fiscales. En la AFIP estimaron que
la suma podría haber alcanzado a los 4.000.000 de dólares”.
Pasaron quince años del episodio.
La UIF cree haber descubierto la pólvora cuando es un invento chino que data
del siglo IX.
En la propia AFA se aprobó el 24
de noviembre de 2005 el Archivo de cesiones de beneficios económicos. Estuvo
vigente más o menos un año, hasta que se desnaturalizó porque quedó superado
por resoluciones de la ANSES y la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio
de Trabajo.
Decía la resolución votada por el
Comité Ejecutivo de la AFA hace poco más de seis años en su artículo 12: “las instituciones alcanzadas por el presente
régimen deberán presentar hasta el 28 de diciembre de 2005 un estado de
situación de las cesiones realizadas respecto de su relación con futbolistas
profesionales, con detalle de los extremos (porcentajes, sumas fijas,
condiciones y, en fin, cuanto otro dato resulte de interés comunicar). Dicha presentación
se efectuará con carácter de declaración jurada, la que deberá estar suscripta
por las autoridades estatutarias habilitadas al efecto…”. En sus
fundamentos, la norma destacaba “la
necesidad de combatir la clandestinidad”.
La UIF ahora apunta a que los
clubes elaboren un registro con la información de los propietarios reales de
los pases de sus jugadores y que reporten al organismo cualquier irregularidad
que encuentren. Se busca prevenir operaciones de lavado de dinero, algo tan
viejo como que los lavadores montaron una cadena de lavaderos en el fútbol que
con la cuestionada Ley Antiterrorista aprobada por el Congreso Nacional se
pretende desmantelar.
Quizá resulte extraño que la AFA
y los clubes deban informar a la UIF en un plazo máximo de 48 horas si
sospechan que una operación en el fútbol puede financiar el terrorismo. ¿De qué
modo lo sabrían? ¿Ante qué tipo de indicios deberían desconfiar? ¿Si el
intermediario usa turbante y barba tipo Bin Laden debería ser denunciado en el
acto?
Parece más sencillo tomarle el
pulso al negocio de la pelota mediante un proyecto como el que está estudiando
el gobierno nacional para controlar los dineros que paga por el Programa Fútbol
Para Todos.
La caja más importante que tienen
los clubes se manejaría a través de un fondo fiduciario administrado por el
Banco Nación. Casi todas las entidades afiliadas a la AFA y la propia
asociación le deben a la AFIP, por lo cual deberían regularizar su situación
antes de recibir el dinero de la TV que pasará por el fideicomiso. La noticia
la publicó Ámbito Financiero, y los dirigentes de la AFA tomaron nota: a partir
de allí comenzaron a aproximarse a las necesidades mediáticas de Clarín, Olé y
La Nación.
Expuestos a la mirada de
funcionarios estatales que les piden rendición de cuentas, apremiados por sus
deudas post-concursales o posteriores a quiebras ya levantadas, zarandeados por
futbolistas que reclaman por contratos privados que firmaron y no pueden
cobrar, jaqueados por Agremiados, los dirigentes tienen dos caminos para
elegir.
O se dan un baño de austeridad y
respetan lo que firman, o se van a sus casas. Si siguen como hasta ahora
podrían perder algo más que sus cargos.
En Balcarce 50 dicen que si han
sido capaces que genocidas y empresarios vayan a parar a cárceles comunes, porqué
no hacer lo mismo con los dirigentes del fútbol. Se olvidan sin embargo en la
Rosada de algo: una embestida en serio contra Grondona daría como respuesta la
inmediata represalia internacional de la FIFA que desafiliara al país de toda
competencia internacional.
Y que a millones de argentinos, a
la hora de votar, les va a interesar mas que la selección nacional pueda
participar el año próximo en el Mundial de Brasil que si a Grondona hay que
aplicarle la ley común a la que cualquier hijo de vecino está sometido. Al
final de cuentas, putear a la AFA por corrupta es un clásico de tribuna, en
cambio, que no pueda jugar la selección en el próximo mundial es harina de otro
costal: con eso si que no se jode.
Si hay otra salida (en la AFA
siempre tienen otra salida y en este caso es el pánico del gobierno nacional a
una represalia de la FIFA), ya está escrita en el célebre anillo de Don Julio
como si fueran las tablas de Moisés. Es un mandamiento que siempre prevaleció:
todo pasa… menos la corrupción del fútbol.
