La
convocatoria del 18-F fue sesgada desde el comienzo. Se vio la muerte del
fiscal Nisman como el gancho oportuno para convocar a un acto opositor.
No
se trató de abrir la convocatoria a la mayor cantidad de personas, sino que se
centró en generar una marcha opositora con la mayor cantidad de personas y se
usó la muerte del fiscal para convocarla. Fue siempre aprovechar la muerte de
Nisman para lograr una marcha opositora.
Las
aperturas fueron por el lado de que los partidos políticos opositores que estaban detrás de la marcha no figuraran oficialmente. Era la manera de presentar a la marcha como "espontánea". Además de asegurarse la participación de la familia de Nisman, que no se mostraba muy
dispuesta a protagonizar una marcha política.
Lo cierto y concreto es que los
partidos de oposición por sí mismos no han podido convocar a una sola manifestación masiva
opositora en los 11 años de gestión que lleva el kirchnerismo. Siempre se escondieron detrás en algún tema de actualidad para evitar presentarse como tales. Incluso los guadaespaldas
del sindicato de camioneros que hicieron la seguridad del acto tuvieron que
disfrazarse con la camiseta negra de los empleados judiciales. Las
grandes movilizaciones opositoras siempre trataron de ocultar a los partidos políticos y
a los gremios, desde las marchas de Blumberg hasta las de la 125.
El
oficialismo, en cambio, rompió esa lógica antipolítica que se levantó a partir
de los ’90 y se instaló en la crisis de 2001. El oficialismo no necesita inventar una excusa
supuestamente “no política”, para movilizar a las personas que lo respaldan.
Al día
siguiente de la marcha, el fiscal Nisman había pasado a segundo plano y los
medios opositores - que fueron los verdaderos referentes de todo el proceso de
convocatoria, en especial el Grupo Clarín - ya no hablaban del supuesto "homenaje" a Nisman sino que el mensaje del acto
había sido “contra la impunidad” y “en reclamo de justicia”.
La
muerte impresionante de Nisman no formó parte de esas conclusiones, a pesar de
que para la convocatoria, durante varios días Clarín envenenó la información
sobre la investigación, creando siempre la sensación de irregularidades, caos y
conspiraciones y cerrando cualquier posible vía que llevara a la conclusión de
que podría haberse tratado de un suicidio. Hubiera sido más difícil convocar a la marcha sin el misterio o la suposición del homicidio oculto.
El
reclamo fue de justicia, según este medio opositor, y al día siguiente en
Comodoro Py hubo una reunión del cuestionado grupo de fiscales que viabilizó la
convocatoria. Allí, según la crónica de los mismos medios opositores, la
conclusión fue: “Ahora la cosa la seguimos contra el gobierno en cada una de las
causas que les abrimos”.
Otras
causas en las que sí hay pruebas contundentes, como la denuncia por lavado de
dinero contra el JP Morgan, que realizó el ex vicepresidente de esa entidad
financiera Hernán Arbizu, hace siete años que está planchada. El fiscal que
tiene que investigarla es Guillermo Marijuan, uno de los que convocó a la
marcha “contra la impunidad”.
La
causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa durante la dictadura por parte
de un consorcio del que forman parte Clarín y La Nación también está planchada.
Pero eso sí: según el diario La Nación, el juez que tiene que investigar, Julián
Ercolini, asistió a la marcha “contra la impunidad”.
Se
habla de la independencia del Poder Judicial y se han armado causas con toda
impunidad.
Sin
embargo, todas las causas que tienen que ver con las corporaciones, entre ellas
el Grupo Clarín, están totalmente paradas y cajoneadas. Por la protección judicial que
ostenta abiertamente, el monopolio Clarín ha logrado que ni siquiera todavía se haya
podido obligarla a desmonopolizar como lo estipula la ley de medios.
Hay
tres causas graves totalmente paralizadas: 1) por lavado de dinero, 2) por
complicidad con crímenes de la dictadura para apropiarse de Papel Prensa y 3) otra
para adecuarse a la ley de medios. En todas hay testigos y documentos, pruebas
tangibles, concretas, no son mamotretos políticos ni causas armadas. Pero están
paradas. Bien cajoneadas. Por el poder judicial a favor de las empresas y clases dominantes.
La
subordinación de una parte del Poder Judicial al poder mediático y corporativo
es vergonzosa, como si varios jueces y fiscales - además de sus reconocidos vínculos
con los servicios de Inteligencia - trabajaran para esta corporación. Estos
jueces y fiscales son los que se resisten a la modernización y democratización
de la Justicia y acusan al Gobierno de atentar contra su “independencia”.
Supuestamente
el reclamo fue “contra la impunidad” y “por justicia”. Pero los manifestantes
que eran entrevistados no necesitaban de la justicia porque desde su
parcialidad política ya condenaron a los funcionarios acusados sin necesidad de
ningún juicio. Y ninguno mencionó la impunidad de las corporaciones.
Uno
se pregunta cuál es la calidad democrática de esas corrientes políticas cuyos
votantes no las dejan identificarse en las marchas, pero que consideran al
mismo tiempo que esa identidad vergonzante es tan justa que les otorga el don
de la honradez y la justicia. Por lo tanto el que piensa distinto a ellos es un
ladrón y asesino.
El reduccionismo tan berreta que se hace de la
política deja fuera la inteligencia incluso de algunos que se llaman
intelectuales y se suman a esa falta de razonamiento de santones en una cruzada
flamígera.
Hasta
resulta paradójico que se diga que la marcha fue “contra la impunidad” cuando
el juez Ricardo Recondo le fue impuesto a Raúl Alfonsín como subsecretario de
Justicia cuando hubo que emitir las leyes de punto final y obediencia debida o cuando el fiscal Ricardo Sáenz (designado por el juez Recondo) defendió la
constitucionalidad de las leyes de impunidad.
O
cuando otros dos de los fiscales convocantes a la marcha “contra la impunidad”,
Germán Moldes y Raúl Plee, han sido acusados por familiares de víctimas de la
AMIA de obstaculizar la causa por encubrimiento a los responsables del atentado.
En ese puñado de fiscales está enumerada toda la impunidad contra la que ellos
no convocaron.
Dicho
de otra forma, los que convocaron a una marcha contra la impunidad son los
responsables de gran parte de ella.
Allí están las impunidades de tantos años
de los represores, las impunidades de los terroristas de la AMIA y las
impunidades de las corporaciones. Allí está también la impunidad que ha tenido
este sector del Poder Judicial para otorgar impunidad.
Detrás
de cada hecho de impunidad se esconden privilegios y cuando esas impunidades
fueron amenazadas o anuladas y esos privilegios eliminados, comenzaron las
causas contra funcionarios del Gobierno, las denuncias de corrupción y las
campañas mediáticas.
Funcionarios
intachables, que se han probado así aun antes de integrar el gobierno, y que ni
siquiera provienen del peronismo, como la procuradora Alejandra Gils Carbó o el
titular de la Afsca, Martín Sabbatella, fueron embarrados, injuriados y
calumniados cuando se interpusieron en el camino de las corporaciones.
Las
trayectorias del núcleo de fiscales que convocó a la marcha están totalmente
atravesadas por estas impunidades y relaciones promiscuas y ellos son la cabeza
de la campaña contra la procuradora, que, al revés que ellos, sí puede mostrar
un historial absolutamente íntegro.
La
marcha del miércoles y los medios opositores ha instalado como paradigmas de la
Justicia a los que diseñaron la impunidad para los represores de la dictadura,
los que defendieron la impunidad de funcionarios menemistas y a los que
preservan la impunidad de las corporaciones. Es el modelo de justicia que les
garantiza impunidad también a ellos.
Pero
al mismo tiempo es el modelo de justicia que está en debate en este momento.
Los
primeros que perderían impunidad si la Justicia cambiara a un modelo democrático
y transparente serían los funcionarios que se han favorecido con este modelo
elitista y autocrático tan bien representado por los que convocaron a la marcha.
