La misoginia de la población, los retrasos de la Justicia y la provocación de los medios de comunicación.
Entre
2008 y 2014 fueron asesinadas más de 1.800 mujeres en situación de violencia de
género. Cada año más de 200 mujeres son asesinadas y el 60% de los crímenes, el
asesino es su ex o actual pareja.
Aún
falta un registro único a nivel nacional para los casos de violencia de género que permita
avanzar contra la problemática en el país.
Sin
un organismo centralizado que evalúe las denuncias contra la violencia de género
en el país, organizaciones no gubernamentales intentan recabar información a
través de las notas que se hacen públicas en los medios. Desde el Consejo
Nacional de la Mujer indicaron que se está construyendo una base de datos
nacional, y que la línea 144 para contención, información y asesoramiento fue
de gran utilidad.
“No
hay datos oficiales. Si los hubiese, podríamos ver qué distritos son los más
violentos y dónde hace falta más contención a la víctima”, sostuvo Ada Rico,
directora general de la asociación civil La Casa del Encuentro.
Las
estadísticas de 2014 aportaron también que hubo 29 femicidios vinculados de
hombres y niños, tipología que identifica el asesinato de varones que murieron
al quedar en la “línea de fuego” del femicida o fueron asesinados para “castigar”
a las mujeres. La mayoría de los casos, un 52%, ocurrieron en las viviendas,
convirtiendo “un lugar que debería ser de protección para ellas, en el espacio
donde son asesinadas”, señaló Rico.
De
las 277 mujeres exterminadas en 2014, 39 tenían denuncias previas y cuatro poseían
órdenes de exclusión del violento, siendo las provincias de Buenos Aires, Córdoba
y Salta las que encabezan la estadística trágica.
“Salta
es una provincia donde se declaró la emergencia por violencia de género, pero
si esa decisión no se acompaña con presupuesto, programas de contención y
refugios, de nada sirve. Allí hubo 21 femicidios, la misma cantidad que en Córdoba,
que tiene una densidad demográfica mayor”, analizó Rico.
En
diciembre de 2014, la Legislatura de Salta aprobó la creación de un centro para
recabar estadísticas que sirvan para pensar políticas de respuesta ante los
elevados índices de femicidios y agresiones. El observatorio comenzaría a
funcionar en tres meses.
Entre
2010 y 2014, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) realizó informes de riesgo
frente a hechos de violencia doméstica y cerca de 26 mil consultas informativas.
En 2014,
los casos de violencia doméstica con alto riesgo alcanzaron al 27% de las
denuncias, el riesgo medio llegó al 52% y el bajo fue del 14%.
Según
datos de la OVD, en 2010 sus equipos interdisciplinarios atendieron 7437 casos
de violencia, cifra que en 2014 se elevó a 10.573, registrando un 18% de
incremento. Del total de denuncias recibidas, el 66% de la mujeres violentadas
eran adultas, 25% niños/niñas y 9% varones mayores de edad.
Con
respecto al tipo de violencia sufrida, el 96% de las personas afectadas padeció
agresión psicológica; la física alcanzó al 68% de los denunciantes; la económica
llegó al 36%; y la sexual fue del 10%.
En
los últimos cinco años, el 80% de los casos de violencia se produjo en
relaciones de pareja (incluye a ex pareja, concubinos, cónyuges y novios). Esta
realidad evidencia que el ciclo de la violencia no termina con la ruptura de la
relación.
Cabe
aclarar que no todas las provincias adhieren al convenio con Nación, a través
de la OVD. En Catamarca, “la mayoría de los datos con respecto a casos de
violencia contra la mujer son proporcionados por organismos públicos, el periodismo
o la acción de las organizaciones no gubernamentales”, explicó la diputada
provincial Macarena Herrera.
Los
medios y la Justicia.
Dado
que la violencia de género comenzó a visibilizarse con los avances de la mujer
en el campo laboral y la adquisición de derechos básicos, es difícil establecer
si aumentó el nivel de agresión o si los medios de comunicación se interesaron
en mostrar estos casos como noticia, con motivo de los cambios sociales. Sucesos
que, en otros tiempos, quedaban silenciados en la privacidad del ámbito
familiar o se naturalizaban como los roles o estereotipos que debían cumplir
hombres y mujeres.
El
abordaje de los crímenes en los medios de comunicación también fue virando y
requirió cambiar una mentalidad arraigada en la concepción patriarcal, donde el
hecho policial era caratulado como crimen pasional, para pasar a encuadrarlo
bajo el concepto de violencia de género.
“Hoy
se habla de femicidios, pero aún muchos medios continúan analizando la actitud
de la víctima que ya no puede defenderse de los prejuicios”, afirmó Victoria
Montenegro, subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
La
apertura mental para asimilar las transformaciones sociales (matrimonio
igualitario, empoderamiento de la mujer, fertilización asistida, despenalización
del consumo de marihuana o ley de trata de personas) no siempre es fácil de
lograr en claustros muchas veces conservadores. En la Justicia es donde mejor
se puede observar la resistencia a las conquistas de las minorías.
“Es
difícil entender la violencia sin comprender el contexto histórico. No podemos
separar la violencia de género de la institucional. Muchas veces un proceso
judicial no avanza por resabios de la Justicia”, denunció Montenegro.
Por
su parte, Rico destacó el trabajo de la OVD, que depende de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que atiende a las víctimas por violencia de género las 24
horas, los 365 días del año, con patrocinio gratuito y contención psicológica. Pero
este beneficio al que pueden acceder las habitantes porteñas se encuentra
alejado del resto de las compatriotas. “En la provincia de Buenos Aires los
recursos son prácticamente nulos. Todo se diversifica y la mujer carece de una
protección total”, indicó Rico.
Medidas
y proyectos
Desde
la organización que preside Rico están impulsando un debate en el Congreso
Nacional, para quitarle la patria potestad al varón que asesina a la madre de
sus hijos, sin necesidad de trámite judicial. “En estos años, 1403 menores
quedaron sin mamá y cuando el padre recupera la libertad, vuelve a ver a sus
hijos e inclusive queda a cargo. La Justicia debería resguardar la integridad física
y psicológica de estos niños”, reclamó Rico.
Para
Montenegro, los avances institucionales fueron importantes. “La Línea 144
permite asesorar, contener y dar soluciones concretas, como ser albergues u
otros lugares de tránsito, para que la víctima pueda dejar el ámbito que le es
hostil. La línea es gratuita y abarca toda la Argentina”.
El
programa Ellas Hacen busca garantizar políticas tendientes a la revinculación
social, educativa y laboral de 100 mil mujeres que perciben la Asignación
Universal por Hijo/a y embarazo, que padecen situaciones de violencia de género
y/o que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.
A
través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y del
Ministerio de Desarrollo Social, se firmó un convenio con el Indec para crear
un Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer. Un paso indispensable
para conocer los problemas específicos locales y lograr llegar a las mujeres
que más apoyo necesitan.
Tres
proyectos contra el acoso callejero
Cansada
del hostigamiento diario que recibía de los hombres que trabajaban en una obra
en la cuadra de su casa, Aixa Rizzo decidió presentar una denuncia formal en la
Fiscalía por las intimidaciones que sufría al salir de su hogar. En el juzgado
al principio pusieron reparos para tomar la imputación, por lo que Rizzo tuvo
que insistir.
El
caso de Aixa es uno más de los que sufren muchas mujeres en el país. La
necesidad de regular la violencia mediante el acoso callejero hizo que en estos
días se presentaran tres proyectos de ley, uno en el Congreso y dos en la
Legislatura porteña.
Con
algunas diferencias, las iniciativas proponen la realización de campañas de
concientización sobre el problema y prevén sanciones que van desde multas hasta
diez días de trabajo de utilidad pública e, incluso, arresto para quienes se
pasen de la línea verbalmente.
La
delgada línea entre el piropo y el hostigamiento torna compleja la distinción.
Según
la especialista Holly Kearl, fundadora de Stop Street Harassment (hostigamiento
callejero), organización sin fines de lucro dedicada a documentar, abordar y
poner fin al acoso por razón de género en todo el mundo, se entiende por acoso
sexual callejero a “las palabras y acciones no deseadas llevadas adelante
por desconocidos en lugares públicos, que están motivadas por el género e
invaden el espacio físico y emocional de una persona de manera irrespetuosa,
rara, sorprendente, atemorizante o insultante”.
El
proyecto del movimiento Libres del Sur, que ingresó en la Cámara baja, modifica
al Código Penal para castigar el acoso sexual callejero con multas de 100 a 7.000
pesos. Dinero que se aportaría al Consejo Nacional de la Mujer para la
realización de campañas en escuelas y lugares de trabajo. También establece que
se debe incluir la temática en la currícula escolar, con la finalidad de
prevenir y generar conciencia entre los más jóvenes sobre este tema.
Por
su parte, la diputada porteña (FpV) Gabriela Alegre remarcó la necesidad de que
la Policía Metropolitana cuente con un protocolo de actuación para abordar
correctamente esta problemática y, evitar así, que se desestimen las denuncias.
También
el legislador Pablo Ferreyra, del bloque Seamos Libres, elaboró un proyecto
para prevenir y sancionar esta conducta. Los dos proyectos enviados a la
Legislatura vinculan al acoso callejero con el hostigamiento, definido en el
artículo 52 del Código Contravencional. Alegre lo encuadra como un agravante de
esa figura; Ferreyra, en cambio, como una variante de esa contravención. Al
margen de esa diferencia, ambas iniciativas se complementan.
